jueves, 8 de marzo de 2012

Los desplazados de la Manzana 5


Por culpa de la construcción del Proyecto de Renovación Manzana 5, varias familias quedaron sin hogar. Y aunque la obra se pactó en el 2006 aún no ha iniciado.

 Así se encuentra hoy día la Manzana 5 



Por Sergio Silva Numa

El 16 de julio de 2008, cuando la policía llegó a su casa para expropiarla, Amelia Sanabria, jamás se imaginó que casi un lustro después todavía estaría sin un techo propio donde vivir, y que el terreno de donde la sacaron estaría convertido en un lote deshabitado.
Dos años antes, el 18 de enero, una funcionaria de la Empresa de Renovación Urbana (ERU),  la había reunido junto con los propietarios de los otros 35 inmuebles ubicados entre las calles 19 y 20, y entre la carrera 3 y el Eje Ambiental de la Avenida Jiménez, para informarles que esos predios serían utilizados en la construcción del Proyecto Manzana 5.  Éste se componía de dos lotes, en los que se haría un centro cultural, con dinero donado por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID),  y un complejo de vivienda.


En aquel entonces la ERU les ofreció a los dueños de los bienes una cantidad que ellos consideraron irrisoria frente al costo real de una propiedad en el centro de la capital. A Amelia y a su esposo Saúl Suárez, quienes tenían un terreno de 411 mt2 donde estaba su casa y un parqueadero público, su único sustento económico, les ofrecieron 108 millones de pesos, suma, que según ellos, no es suficiente para adquirir otra propiedad en el sector o para comprar un terreno de ese tamaño.
Antes de que la ERU expropiara pegó estos avisos en todas las propiedades.

Hoy, Amelia tiene 69 años y Saúl 70. Viven en un apartamento que les prestó uno de sus hijos, en el edificio Residencial Sabana, ubicado en la calle 19 con carrera 4, y aún no han obtenido un solo peso del dinero prometido por el Distrito. En el estudio del octavo piso en el que están, guardan cerros de documentos como una prueba de todas las instancias judiciales por las que ha pasado su caso y el de otros habitantes que, como el fallecido escritor Jairo Aníbal Niño, perdieron su casa para empezar a pagar arriendo. “Él (Jairo Aníbal Niño), murió muy deprimido por tener que vivir con su hija cuando perdió su apartamento. Es que en este país se equivocaron de justicia”, dice Amelia.

El destino de la expropiación

A raíz de la expedición del Decreto 240, en el que se declararon condiciones de urgencia  para que la ERU adelantara los trámites de la expropiación y se pudiera dar paso a la demolición de los inmuebles, la obra se hizo viable. 
El 16 de julio de 2007 la ERU solicitó a la Lonja de Propiedad Raíz revisar las ofertas de compra, y ésta concluyó que los avalúos realizados en la zona eran correctos. Ante esto, la comunidad afectada contrató otros avaluadores que dieron un precio mucho más alto. Fue así que empresas como Aservivienda o Jaime Samuel Farías Mendoza, concluyeron que el precio para una propiedad de 351.2 mt2 era un poco más de 362 millones de pesos, mientras la Lonja de Propiedad Raíz afirmó que costaba 142 millones, aproximadamente. (Vea algunos de los avalúos hechos por el Distrito)
Ante este hecho la Contraloría de Bogotá realizó una investigación del caso del Proyecto de Renovación Manzana 5, y encontró varias inconsistencias que hicieron saber a la alcaldía de Samuel Moreno en un comunicado expedido el 29 de julio de 2009. Dentro de las irregularidades el ente de control destacó el “déficit social en la gestión del proyecto Manzana 5”. “El programa de Renovación Urbana no puede cargar con el lastre que significa esta experiencia, en la que el Distrito adquiere a bajo precio, para entregarle el suelo al constructor que venderá caro. Poner todo el poder del Estado al servicio del capital privado, riñe con el objetivo de ‘equilibrio y equidad social’”, expresó el departamento de Control Urbano de la Contraloría. (Vea apartes del documento)
Por otra parte, la ex gerente de la ERU, Katya González, en una entrevista en el periódico El Tiempo, afirmó que al presupuesto del 2012 “le tendrán que adicionar dos mil millones por la venta de los derechos fiduciarios del lote dos”, y que en el 2013 tendrán recursos por 29.350 millones, resultado del saldo de la venta de ese lote, ubicado en la carrera 3 entre las calles 19 y 20.
El caso del Centro Cultural Español (CCE)

Este parqueadero era el único sustento de Amelia Sanabria y Saúl Suárez



En diciembre de 2006, en la alcaldía de Luis Eduardo Garzón, la ERU firmó un convenio con la AECID en el que la empresa distrital se comprometía a ceder los terrenos a la agencia española por 65 años y ésta se encargaría de dar 2,5 millones de euros para la construcción del Centro Cultural. Sin embargo, la construcción, que debía estar terminada para el 2010, aún no ha iniciado.
           Ante este incumplimiento, la Contraloría emitió varios oficios en los que advirtió al Distrito sobre el vencimiento de la licencia de construcción en junio de 2011, cuyo costo fue de 381 millones 233 mil 694 pesos. Según el artículo 70 de la Ley 388 de 1997, la entidad que haya adquirido un bien por expropiación, tiene que utilizarlo en un término máximo de tres años contados a partir de la fecha de inscripción de la decisión que tuvo lugar el 14 de julio de 2008.  De lo contrario será devuelto a los afectados. 
Y aunque para este año la meta de la ERU es que se formalice el convenio para la construcción del CCE, el arquitecto Juan Manuel Peláez, encargado de los diseños de la obra, no sabe nada sobre su inicio. Tampoco ha tenido noticias Alberto Escovar, arquitecto de la Escuela Taller de Bogotá, instituto elegido para abrir la respectiva licitación. “Conocí un borrador del convenio en diciembre de 2011 que fue enviado para su aprobación en Madrid,  y desde entonces no volví a tener noticias”, dijo.
           Mientras tanto, el Distrito tiene que continuar pagando gastos que no estaban premeditados y que hasta mayo del año pasado, sumaban mil 920 millones 721 mil 942 pesos.
Una fuente oficial dijo que aunque aún no se conocen las medidas, en caso de que la AECID no responda, ya se ha pensado en la posibilidad de terminar el convenio por acuerdo mutuo, con la salvedad de que el gobierno español asuma los recursos invertidos por la ERU.

Varias de las casas destruidas eran construcciones coloniales. 

Ahora los “desplazados” de la Manzana 5, como ellos mismos se denominan, solo esperan, como Jorge Gómez, miembro del Comité Interlocal del Centro, que el alcalde Gustavo Petro cumpla con el propósito de construir una ciudad de manera diferente. “Es que el crecimiento de Bogotá no se puede dar desplazando a zonas periféricas a los ciudadanos que habitamos acá”, afirmó Gómez.
Por lo pronto “la eterna historia de la inequidad”, como la llamó el Jairo Aníbal Niño en su escrito Allí crecieron los hijos, aludiendo al apartamento que perdió, seguirá postergando su solución. (Vea completo el texto del escritor)


3 comentarios:

  1. Excelente información, tienes otros escritos sobre esta temática?

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  2. y como no es conmigo...la comunidad Bogotána, no se pronuncio ante semejante desafuero institucional?, esos son LUCHO GARZON, GUSTAVO PETRO Y SAMUEL MORENO.

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